31 de octubre de 2018

Cuadernos: Los presos contraatacan

En los últimos días algunos de los encarcelados realizaron planteos sobre irregularidades en la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.

Por Gabriel Calisto
gcalisto@cronica.com.ar
@gcalisto 

La causa de los cuadernos de la corrupción es la mayor arma judicial en los doce meses previos a la contienda presidencial del 2019. Con toda la cúpula del ministerio de Planificación del kirchnerismo encarcelada, al igual que un puñado de empresarios, es posiblemente el mayor peligro para la candidatura de Cristina Kirchner, que deberá sortear durante el próximo año al menos un par de juicios orales por corrupción. Ninguna, sin embargo, tan compleja como esta.

En los últimos días, sin embargo, algunos de los encarcelados provisoriamente (por no tener condena) empezaron a realizar planteos que podrían al menos darle un giro a la causa, si sus miradas fuesen escuchadas.

El más básico fue el de Rafael Llorens, ex representante legal del ministerio de Planificación de

Julio De Vido

. Con un escrito cargado de contenido político, el abogado pidió “entrecruzar las llamadas del fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadío, el ministro de Justicia Germán Garavano, la diputada Elisa Carrió, el sindicado operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y empresarios arrepentidos, para demostrar que la causa está guiada políticamente”.

El argumento es simple: si los acusados en la causa deben ser apresados por su capacidad política para influir a los encargados de llevar adelante la investigación, nombres como Ángelo Calcaterra (primo del presidente que antes de declarar se reunió con el primer mandatario en Olivos) o Paolo Rocca (clave para el desarrollo de Vaca Muerta) tienen un poder infinitamente mayor al de un ex empleado de De Vido.

Llorens remata con algo que muchos acusados repiten, cada vez con mayor fuerza: fue abordado por el fiscal Stornelli, quien le ofreció sumarse al pelotón de arrepentidos para recuperar la libertad. Lo rechazó y lo denunció, pero nadie investiga su reclamo.

El secreto con el que el juez Bonadio maneja la causa, que rechazó mostrarle a los abogados defensores los videos de las "confesiones" así como se rehúsa a entregar copias a los jueces y fiscales que investigan delitos conectados parecen abonar esa teoría, muy difícil de comprobar.

Otro que, desde su confinamiento, decidió dar la batalla es Roberto Baratta. Señalando una a una las contradicciones y diferencias de los testimonios, el ex número dos del ministerio de Planificación también planteó que hay diferencia de criterio a la hora de decidir quiénes están presos y quiénes no, así como cuáles declaraciones se consideran verdaderas y cuáles falsas.

En su declaración, publicada en forma completa por la periodista de Infobae Patricia Blanco, Baratta repasa cómo difieren las confesiones firmadas por los empresarios de los datos que originaron la causa, los cuadernos de su chofer Oscar Centeno. Hay cifras que estaban anotadas como dólares y pasan a pesos, fechas que no coinciden, y sobre todo, excusas de los hombres de negocios que fueron el pretexto para liberarlos.

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"Volviendo a la selección a dedo de algunos ex funcionarios y algunos empresarios, hasta el día de hoy hay muchos pero muchos empresarios de distintos rubros que figuran por su nombre y apellido, por el nombre de sus empresas o por domicilio, y aún no fueron citados a indagatoria. Me pregunto por qué", leyó ante el juez de la causa.

Ambos testimonios generaron revuelo en la mayor investigación por corrupción de la historia argentina. Una pesquisa que puede arruinar no sólo carreras políticas, sino exponer el sistema de corrupción instalado hace décadas en el país. Que se llegue a la verdad, y no a una selección de lo que sucedió, es la disputa en la que están los acusados, el fiscal y el juez. 

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