PATRIA GRANDE  22 de abril de 2018

NICARAGUA, NICARAGUITA

Muertos y decenas de heridos, en los hechos de violencia que bañan la patria de Sandino. Por Luis Aubrit.

A partir de una decisión del presidente sandinista de Nicaragua, Daniel Ortega, la derecha impulso una serie de manifestaciones y actos de vandalismo que arrojaron un saldo trágico y obligaron a dar marcha atrás con la medida.

La decisión política asumida por el gobierno pinolero, universaliza la atención para todos los pensionados y eleva el porcentaje de aportes patronales, aunque también, el aporte de los trabajadores.

Veamos primero, ¿De qué trata la reforma al Seguro Social en Nicaragua?

El Gobierno de Daniel Ortega aprobó el 16 de abril la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tras varias mesas de negociación durante 2017, para fortalecer el sistema de pensiones mediante la distribución de responsabilidades entre las empresas y los trabajadores.

Según las autoridades, el principal objetivo de esta decisión es evitar la privatización del servicio prestado a los beneficiarios, mejorar la atención médica para todos y garantizar la seguridad social para la población.

La reforma publicada en Gaceta Oficial el pasado lunes mantiene la edad de jubilación en 60 años, así como el tiempo laborado para su otorgamiento: 15 años o 750 semanas, uno de los más bajos del mundo.

Además, establece una disminución del 5 por ciento de las pensiones y eleva los montos de las cotizaciones de forma progresiva, lo que implica un mayor aporte por parte de las compañías (de 19 a 22,5 por ciento) con respecto a los trabajadores (6,25 a 7 por ciento).

El presidente del INSS informó que esta decisión es necesaria para sanear las finanzas del ente y así contrarrestar los riesgos de una posible falta de liquidez en el cumplimiento de los pagos.

Durante diez años (2006-2016) la pensión mínima pasó de C$ 1.212 a C$ 4.680; se realizó una restitución del beneficio a 42.946 ciudadanos y el sistema de salubridad incluye todos los servicios prestados en la nación.

Asimismo, se atiende a pacientes con cualquier tipo de cáncer y son efectuadas cirugías de corazón abierto, cateterismo cardiaco, radioterapia, tratamientos oftalmológicos, reemplazos de caderas, trasplantes renales, entre otros procedimientos especializados.

El instituto, fue usado por los gobiernos de derecha como una “caja chica” para transferir recursos a los sectores concentrados de la economía.

1993: La mandataria Violeta Chamorro (1990-1997) aprobó la adquisición de un Certificado Negociable de Inversión (CENI) por nueve millones de dólares a nombre de la compañía minera estadounidense Rosario Mining, pese a que su precio real era tres millones.

1994: El INSS hace un préstamo de 14 millones de dólares al Banco de la Vivienda para ejecutar construcciones, pero nunca fue devuelto el dinero.

2000-2003: El INSS asume deudas por unos diez millones de dólares en un intento de privatizar las jubilaciones.

Entre las consecuencias de estas gestiones, fueron creadas clínicas ficticias que recibían aportes sin prestar servicios, hubo un congelamiento de las pensiones mínimas así como de los salarios.

En contraste con las decisiones gubernamentales  para garantizar la protección social, discutidas en una Comisión Técnica con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), las derecha de Nicaragua ha propuesto políticas que perjudican al pensionado.

Algunas de las medidas son: Incrementar la edad de jubilación en varios sectores y las semanas de cotización (1.500 o 30 años de labor); eliminar la pensión mínima; que el INSS venda los centros de atención a su cargo y subir el monto de cotización un 2 por ciento más que los empleadores.

Un proyecto y otro se enfrentaron en los debates mediáticos, pero también, se enfrentaron en la calle.

Fuente: Telesurtv

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