3 de diciembre de 2018

VALE TODO.

Por: luis A. Aubrit

El cambio de paradigma en materia de inseguridad del gobierno actual, asigna un “valor residual” a la vida.

El nuevo “protocolo” establecido por Patricia Bullrich y publicado en el boletín oficial, habilita el uso de armas de fuego en situaciones que estaba prohibido.

El artículo 2 de reglamento puesto en vigencia autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear el uso de armas de fuego: en defensa propia, para impedir la comisión de un delito, para proceder a la detención o para impedir la fuga. Incluso, no exige la tradicional "voz de alto cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso", criterio que queda a discreción del oficial que dispara.  

En el artículo 5, define “El peligro inminente” con nuevos parámetros:

  • Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas.
  • Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
  • Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal
  • Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque.
  • Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona.
  • Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves.
  • Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.
  • Lo aprobado por el gobierno, legitima la “Doctrina Chocobar” y, más grave aún, permite el uso de armas de fuego en manifestaciones y protestas,  justificándolo en el punto 7 del artículo 5: Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.

Sin dudas, es un profundo retroceso en materia de derechos y garantías y contradice los protocolos reconocidos por Naciones Unidas y por el propio código penal. Pero, no sorprende y es consistente con la mirada del gobierno sobre el valor de la vida y de la propiedad privada.

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