6 de mayo de 2019

LA SITUACIÓN CARCELARIA EN CÓRDOBA

Vista actual del edificio de Tribunales II en su trabajo de ampliación (Foto: Hugo Campilongo)

Por: Hugo Campilongo

10 MUERTES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Los Familiares de presos, junto a personas auto convocadas y el colectivo de auto convocados carcelarios de Córdoba se reunirán el martes 07 de mayo de 2019 a las 10:00 horas en las inmediaciones de Tribunales II de nuestra ciudad (Fructuoso Rivera 750), con el propósito de difundir la situación carcelaria en la provincia de Córdoba.

Por tal motivo se invita a los ciudadanos a registrar y hacerse eco de la situación.

Desde estos colectivos se solicita la creación del mecanismo provincial contra la prevención de la tortura en Córdoba, dispositivo este que supo presentar el diputado Martín Fresneda, en unas jornadas que –oportunamente- se desarrollaron en el sindicato de luz y fuerza.

A su vez se reclama por la abolición inmediata de la cama de sujeción, puesto que parte de los suicidios se produce en los lugares de aislamiento, lo cual ha generado no pocas suspicacias.

En otro orden de cosas se reclama por la vigencia real del Derecho de Defensa para las personas presas, desde el primer instante en el que son encerradas.

Cabe destacar que también se realizan los siguientes planteos:

  • Que el acceso al sistema de salud no sea un privilegio, es un DERECHO.
  • Que se garantice un mínimo de especialistas de la salud por cantidad de personas.
  • Eliminación de los requisitos restrictivos del “Régimen de visitas” que vulnera los derechos elementales.
  • Que la visita íntima no sea un privilegio, es un DERECHO.
  • Que el acceso a la educación no sea un privilegio, es un DERECHO.
  • Que se cumpla la Ley 24. 660, acceso al salario y derechos laborales de las personas               que están en contexto de encierro.
  • Políticas sociales y laborales para quienes cumplen prisión domiciliaria y quienes salen en libertad.

Finalmente se expresa según estos colectivos que “las políticas de Seguridad y Seguridad Ciudadana son una evidente estafa en contra del pueblo cordobés.  Estas políticas, que denunciamos como estafa, en la práctica diaria se traducen en: prácticas policiales delictivas y arbitrariedades, en que existen 8 Juzgados de Ejecución para las miles de personas presas que están bajo su responsabilidad, bajo su competencia. La estafa se demuestra cuando ,a pesar y a costa de todo el dinero público destinado a seguridad, los delitos en Córdoba no disminuyen, las políticas de (in)seguridad llenan los bolsillos de unos pocos a costa de la muerte de muchos: más móviles, más policías que maestros, más cámaras, más armas, más balas; y el delito va en aumento. Es evidente el engaño y el negocio de la inseguridad. Todo lo cual no se sostiene sin la impunidad necesaria y los consecuentes privilegios, a cambio del silencio, el encubrimiento y la injusticia”.

Y se agrega:  “El funcionamiento del poder judicial, que en los hechos depende del Ministerio de Justicia y DD.HH, y ,por ende, de su gestión (siendo el principal responsable político el Sr. gobernador) es parte de la estafa, las decisiones en materia de seguridad y política criminal acarrean como consecuencia directa: la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento, las personas presas no tienen los medios suficientes para poder dar con quienes son responsables de sus causas, no acceden realmente a su derecho de defensa, sino hasta que a una Fiscalía se le ocurre citarlo a declarar, recién ahí interviene efectivamente su defensa (esto se debe entre otras cosas, a que la cantidad de asesores letrados del Estado son ínfimos, con relación a la cantidad de personas imputadas). Es decir, que la persona presa puede estar privada de su libertad durante días sin que nadie ejerza su derecho de defensa, presos sin D.N.I, falta de infraestructura, negación de derechos básicos de acceso al sistema de salud, educación, trabajo, regímenes de tortura, aislamientos arbitrarios.  Lo enunciado y muchos otros factores dan como resultado muertes en manos de un Estado que no da respuesta a las necesidades básicas que debieran ser garantizadas, violando así los tratados internacionales por los Derechos Humanos”.

COMPARTIR:


Notas Relacionadas

Comentarios